jueves, 18 de junio de 2009

LA NOTICIA DE LAS PROVINCIAS

María Isabel Gil lleva 15 años en el camping. Vive todo el año en la casa prefabricada que compró con su marido invirtiendo en ella todos sus ahorros. Nadie le dijo nunca que su hogar estuviera instalado de forma ilegal.
Al principio tenían una caravana alquilada en una parcela que más tarde compraron con una vivienda prefabricada que adquirieron a uno de los dueños del camping, que también tiene un negocio de casas de madera prefabricadas. «Si me echan, no podré llevarme nada, porque no dispongo del dinero que me costaría desmontar y trasladar mi casa y tampoco tengo donde llevarla», explica angustiada.
Mateo, otro vecino, está jubilado y vive todo el año en un terreno que compró. En él instaló su caravana. «Aquí vivimos personas muy dignas», dice tras 15 años de estancia sin problemas.
Su enfado se ha contagiado a otros muchos vecinos como Herminia, que hace un par de años compró su casa prefabricada, o Concha, que está desmontando su vivienda para trasladarla.
El Camping Aguas de Llíria, según relata un cliente, recibió la visita de dos policías locales junto con un notario para entregar a los propietarios la orden de desalojo al señalar que no hay permisos de instalación en la zona.
Todos coinciden en señalar que están dispuestos a hacer lo que el Ayuntamiento diga con tal de que el desalojo no se produzca, o al menos que les dejen pasar el verano y se lleve a cabo a partir de octubre y que la dirección se comprometa con el Consistorio a adecuar las instalaciones a la normativa vigente y sacar los permisos oportunos en un plazo de tiempo.
El martes próximo se reunirán tres portavoces de la plataforma de afectados junto con su abogado y con representantes del Ayuntamiento de Llíria para exponer estas cuestiones.
Casi doscientas familias podrían perder su hogar. Lo único que les han comunicado desde la dirección de la empresa es la orden de desalojo y cierre. Luís García tiene arrendado el bar desde hace un año e hizo una inversión para acondicionarlo en la que se gastó unos 15.000 euros, que todavía no ha amortizado. Todos están a la espera de conocer su futuro. En el caso de no llegar a un consenso, los perjudicados estudian emprender acciones legales contra la sociedad Aguas de Llíria.
Las calles del camping cuentan con alumbrado, servicios, farolas, dispositivos de prevención y extinción de incendios y extintores, además de una depuradora, entre otras instalaciones